El grupo municipal del Partido Popular en Punta Umbría pidió ayer a la Consejería de Gobernación que no autorice al equipo de Gobierno socialista a vender siete parcelas del denominado SAPU 5 (La Peguera) porque los beneficios que reporte no se van a destinar a uso social. La maniobra popular tiene como objetivo evitar que el procedimiento de enajenación se haga por silencio administrativo en pleno verano, cuando la Administración andaluza entra "en un profundo sopor", alertan. Al fin y al cabo están en juego 62 millones de euros, una cantidad que supera el 25% de los recursos presupuestarios del ayuntamiento puntaumbrieño.La portavoz municipal del PP, Amelia Gallardo, recordó que la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOUA) marca que el patrimonio municipal de suelo "debe destinarse a la construcción de VPO o servicios de uso público" y no a viviendas de lujo.A los populares puntaumbrieños les llama la atención que "se esté solicitando la autorización de enajenación de 120.198 metros cuadrados de suelo urbanizable perteneciente al patrimonio municipal y a su vez el Consistorio de Punta pida a la Consejería de Medio Ambiente descatalogar y desafectar 169.000 metros cuadrados de montes de utilidad pública para la construcción de viviendas protegidas, tal y como figura en el acuerdo plenario de 23 de octubre de 2007 y que obra en el expediente de solicitud de la Consejería, arguyendo como justificación que no hay suelo para ello". El escrito advierte esta contradición y apunta que el patrimonio municipal del suelo tiene como principal función "dotar de suelo para la construcción de viviendas de protección pública y así permitir el acceso a la vivienda digna" a un precio asequible.
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